Para cerrar el ciclo de disertaciones, Carlos Prado, Oficial de Manejo de Información del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados en El Salvador (ACNUR), presentó los resultados de la reciente investigación “Caracterización de la movilidad a causa de la violencia en El Salvador”, realizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con el apoyo de ACNUR y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones nacionales.
El objetivo general del estudio fue proporcionar información objetiva, cualitativa y cuantitativa, sobre las características e impactos de la movilidad interna a causa de la violencia delictiva en El Salvador, generando evidencia relevante para el fortalecimiento y posicionamiento de las respuestas institucionales para la prevención, protección, atención y restitución de derechos de esta población.
Dentro de los principales hallazgos arrojados por el estudio, de 41,650 familias identificadas y enumeradas, 22% de ellas cambiaron de residencia entre 2006-2016, lo que equivale a 9,272 familias. De estas familias que cambiaron de residencia, el 5% mencionaron los hechos de violencia como razón de movilidad interna, lo que equivale a 466 familias.
Los principales municipios de donde tuvieron que salir las familias de estudio son: Soyapango, Ilopango, San Miguel, Tonacatepeque, Santa Ana, y el municipio de San Salvador. Un 42% de las familias con población movilizada internamente por violencia tuvo que abandonar las viviendas que poseían en sus lugares de residencia previa y de estos 7 de cada 10 familias se han movilizado con todos sus integrantes. Sin embargo, sólo un 29% de los casos denunció los hechos a instancias estatales.