FUNDASAL, comenzó a trabajar el Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM) a partir de 1999, cuando se evidenció las problemáticas de acceso a vivienda digna y servicios básicos en el Centro Histórico de San Salvador. Es así como Leticia Martínez inicio la mesa con una introducción sobre el proceso de transferencia del modelo de cooperativismo promovido por We Effect y retomado a partir de la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).
Nina Larrea ejemplificó la tarea de restituir derechos humanos a través de 17 ejes de trabajo de We Effect en países de América Latina, entre ellos El Salvador, junto con FUNDASAL, apoyando el fortalecimiento institucional, el cambio climático y el desarrollo territorial en el área rural. Asimismo, se promueven programas de desarrollo rural, cooperativismo y programas que transversalicen el enfoque de género, con el propósito de empoderar a las mujeres y promover la equidad entre mujeres y hombres.
Por su parte, Shirley Barrantes representante de la Cooperativa de Vivienda “Fuerza, Unión, Democracia y Ayuda Mutua” (COOVI FUDAM) y miembro de la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (COCEAVIS), abordó el desarrollo del cooperativismo de vivienda impulsado en Costa Rica, como una herramienta de lucha y diálogo de los asentamientos con diferentes instancias públicas y entes privados.
Como última intervención, Pierre Arnold, representante de UrbaMonde, expuso sobre las diferentes modalidades de acceso a la vivienda a través del mercado, el Estado y el esfuerzo de la misma gente. Es por ello que el propósito de esta organización es promover la colaboración entre otros actores en la construcción y mejoras de viviendas, para mejorar la calidad de vida general de los habitantes, dando asesoría técnica a nivel de vivienda y la autogestión en iniciativas asociativas de vivienda.
Se concluye, por tanto, que el modelo CVAM es una alternativa a lo que actualmente se implementa en el mercado para el beneficio de los menos favorecidos, ya que permite no solo la construcción de viviendas de forma colectiva, sino el diálogo y la forma de articularse en la comunidad y con otros actores externos. Es también una forma de restitución de derechos humanos que pone a las familias al centro como sujetos transformadores de su realidad, generando propuestas ante el Estado para que garanticen la vivienda y el hábitat adecuado.